NOS ESTÁN MATANDO

Las garantías del proceso de paz cada día son menos; las cifras de muertos, asesinados, aumentan aceleradamente en Colombia. La incapacidad del gobierno para garantizar el derecho a la paz pareciera que se le sale de las manos. El punto tres del Acuerdo de La Habana para una Paz Estable y Duradera, “Fin del Conflicto”, esencia para solucionar el problema de la guerra interna en el país. ¿Pero qué Paso? El gobierno del presidente Duque ignoró y olvidó que existía un convenio solemne, firmado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional frente a garantes internacionales, para poner punto final al conflicto político y social armado que desangra a nuestro país.

Pensar Diferente al Régimen Colombiano es Causa de Muerte

En Colombia el país del premio noble de Paz, la muerte se ensaña cada día más contra quienes dieron el paso a cumplir lo pactado. Más de 150 excombatientes (algunos estudiosos y políticos como Roy Barreras hablan de más de 200 asesinados), muchos de ellos cerca de sus sitios donde estaban realizando su proceso de reincorporación con las garantías que quedaron escritas en los papeles muy bien redactados, pero que no se cumplen en lo más mínimo y fundamental que es la protección d el vida. En general las garantías para los colombianos que debían beneficiarse de los acuerdos han desaparecido por arte de la perfidia.

Hoy asesinan indiscriminadamente excombatientes con la excusa que eran guerrilleros, ¿y entonces, cual es la excusa para liquidar a líderes y lideresas sociales, estudiantes, campesinos, obreros, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, docentes, niños, si ellos jamás han tomado en sus manos un fusil?, ¿pero es que acaso con quienes lo empuñaron y dieron el salto a la legalidad no había un pacto de reconciliación?

¿De dónde provienen las balas?, ¿por qué tanta inseguridad?, ¿quién los está matando?, ¿cómo actúa el Estado en estos casos?

No nos engañemos, desde el régimen, en cabeza del señor presidente, con grupos paramilitares, policías y ejército nacional que siempre los han mantenido en el poder, desenvuelve una exterminio tal y como lo ejecutaron contra la Unión Patriótica (UP), dejando más de 5.000 víctimas y que hoy 20 años después no se sabe la verdad porque el ente judicial no tiene ni el interés ni la destinación de recursos para buscar y esclarecer la verdad que implica al terrorismo de Estado.

Es compleja la manera como los jueces en Colombia manejan el fin del conflicto. Los organismos internacionales exigen al gobierno el compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz, pero es solo la preocupación manifestada en el papel porque en acción al gobierno solo le aumenta la cifra de asesinatos, hay mil excusas puestas sobre la mesa para que todo quede en la penumbra de la impunidad: que el clan del Golfo, que el ELN, que las disidencias de las FARC. En fin, pero lo cierto es que día a día los homicidios aumentan y en muchos de los casos ejército y policía son los que salen involucrados en los hechos.

La persecución sistemática generalizada continúa -tal y como sucedió con la experiencia de la UP, y otros sectores políticos de oposición-, contra el movimiento político y social popular. Ahora que el partido FARC entró a su proceso de reincorporación a la vida civil sin las garantías reales, se observan ataques cada vez mas agresivos contra el conjunto de la sociedad colombiana; y entonces, la pregunta es ¿que hizo el Gobierno en cabeza del Presidente Iván Duque y del saliente ministro de defensa para garantizar el desmonte del paramilitarismo, organismo del para-Estado? Lo pactado en La Habana respecto a esta temática, también se fue al canasto de la basura.

¿Hasta cuándo seguimos en este engaño?; ¿Quién va a garantizar los cambios políticos que se están presentando en el país? Ojalá que pare la creciente ola de crímenes y que todo aquel que piense diferente al gobierno nacional no vaya a ser desaparecido, asesinado o judicializado.

Las FARC-EP esperamos que esta vez la unidad del movimiento popular logre que no escale a mayores dimenciones este nuevo exterminio desatado por el Bloque de Poder Dominante, y no se repitan los ríos de sangre que de tanto luto han llenado al país. Nadie olvida que los hechos luctuosos de la guerra sucia, por acción o por omisión, siempre estuvieron ligados a miembros y sectores de la Fuerza Pública Colombiana en gobiernos anteriores. Ahora las características del terrible fenómeno indican que se repite la historia en el país de la paz. Los mismos poderosos que tramaron tal escenario dantesco de otrora, a través del gobierno fascista de ahora hacen todo lo posible por mantener en carne viva una herida que sigue abierta.

Claras están las razones de por qué muchos miembros del Partido FARC no estuvimos de acuerdo con las desfiguraciones que el Partido Centro Democrático y la extrema derecha en general le estaba imprimiendo a la Justicia Especial para la Paz (JEP) cambiando los objetivos transicionales de la misma, como lo eran: 1) satisfacer el derecho de las víctimas a la Justicia, 2) Ofrecer verdad a la sociedad colombiana, 3) Contribuir a la reparación de las víctimas, y 4) Contribuir a la lucha contra la impunidad. En aquel acuerdo específico que creo el Sistema Integral de verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, se había dejado establecido que todas las partes que tuvieron participación en el conflicto debíamos responder ante la JEP y no solamente los guerrilleros de las FARC. Dicho lo cual estaba definido que en este compromiso entraban los altos mandos militares e incluso los presidentes que gobernaron como jefes de la fuerza pública que eran. Pero habiéndose hecho la primera excepción de declarar a estos aforados, la Corte Constitucional abrió la sombrilla de la impunidad a todos los aforados que reconoce la Constitución. Ya habrá el momento de referirnos a todas estas variaciones que convirtieron a la JEP en un verdadero adefesio y en derecho penal del enemigo.

Columna Móvil Vladimir Estiven de las FARC-EP
¡Nacimos para Vencer y no Para ser Vencidos!