La Realidad De Las Comunidades Indígenas, La Colombia Que Queremos Cambiar

Después de evidenciarse la noticia del padecimiento que viven, entre otros, el pueblo indígena en Puerto Carreño en el Vichada, y comunidad Wayúu en la Guajira por las voces del común e incluso por los mismos medios de comunicación del país que suelen informar con sesgo sobre la situación nacional, la preocupante realidad que afecta a una de las poblaciones que hacen parte de no solamente de nuestra columna vertebral en la cultura colombiana y en el patrimonio patrimonio nacional sino en la vida toda del país de manera invaluable. Se trata de gente humilde que, a pesar de sus dificultades, nos ha enseñado dignidad, sentido de lo colectivo, el amor a la tierra…, la resistencia, además de que tienen derechos ancestrales que sin ninguna razón les han sido conculcados durante siglos,

Para nadie es secreto que los reconocimientos que se les hace desde el ámbito constitucional y legal son simples formalismos que no se expresan en la cotidianidad de nuestros hermanos raizales. Menos todavía se respeta la permanencia en el tiempo del derecho a la multiculturalidad, su necesaria protección, sus usos y costumbres y su condición humana misma. ¡Es una injusticia inadmisible!

Aun y con todos esos derechos para las comunidades que se proclaman a cuatro vientos, es evidente ver el abandono estatal en el que viven muchas etnias, por no decir que todas, a lo largo y ancho del territorio nacional. No es extraño ver comunidades expuestas a los problemas sociales de drogadicción, prostitución, desnutrición y un sin número de vejámenes que enfrentan día a día y que van en aumento, por la falta de responsabilidad del gobierno central, por la negada atención a sus necesidades más ínfimas, sobre todo respecto a quienes están más alejados del centro del país. Agregando para colmo de males, que las alcaldías locales y las gobernaciones en cabeza de sus mandatarios en la mayoría de veces no están en la capacidad de prestar la atención suficiente y eficaz para cumplir con el deber institucional de garantizar sus derechos, sencilla o desgraciadamente porque el gobierno central no cumple sus obligaciones con responsabilidad y mucho menos con sentimiento de patria, pues lo que impera en su obcecado empeño centralista es el abandono y la corrupción que impiden un distribución equitativa de las riquezas del país que pertenecen a los pueblos a los que deben y no a sus bolsillos insaciables.

Especialmente ahora más que nunca, las comunidades Amorua, Sikuani o Jivi en Puerto Carreño, por injustificada y condenable falta de atención se han visto obligadas a buscar como fuente de sustento el Merey, lugar donde se bota la basura haciéndose más que evidentes los problemas de hambre, de desnutrición, de enfermedades, y de falta de oportunidades, por decir lo menos, por el desprecio repugnante que el Bloque de Poder Dominante hace manifiesto en este capítulo trágico de nuestra historia de desgracias.

En la zona de frontera, es fácil culpar al gobierno Venezolano irresponsablemente de este hecho presente debido a la crisis también impuesta por las oligarquías, por la que atraviesa en el momento la hermana patria de Bolívar; cuando el deber del gobierno colombiano es ayudar a buscar salidas a un problema respecto al que tiene la mayor responsabilidad. Pareciera que no encuentran como generar más y más excusas irracionales e inhumanas para desencadenar un conflicto con el vecino país. Las tensiones presentes en la realidad descrita afectan sin duda a las comunidades de la zona fronteriza y al conjunto de Colombia, y en nada ayuda a salir de tanta calamidad distorsionar los hechos que saltan a la vista colocando mantos de mentiras, miedos, hostilidad y divisiones entre pueblos de países hermanos.

Denunciamos al gobierno nacional en cabeza del señor presidente Iván Duque por el abandono a nuestras etnias y en general a las inmensas pobrerías del campo, el ultraje a nuestro patrimonio inmaterial, ancestral y cultural; y reiteramos que es prioritario poner atención a la búsqueda de salidas sensatas y urgentes que contribuyan a mitigar el impacto negativo en el desarrollo social que la negligencia estatal multiplica. Es impostergable crear una mesa de diálogo y concertación con los líderes de las comunidades afectadas para conocer sus necesidades y crear modelos de buen vivir. Y valga decir sin reticencias que el gobierno debe tomar las medidas de choque y de fondo para la solución las apremiantes complicaciones de pobreza, miseria y desigualdad social que azotan a la inmensa mayoría de los colombianos.

Octubre del 2019

Columna Móvil Vladimir Estiven de las FARC-EP