Considerándose dueña de la fuerza pública y la justicia -que hasta ahora le han sido dóciles- la oligarquía en el poder, llena de arrogancia, no cesa de lesionar los derechos de las inmensas multitudes. Con las armas y las leyes como garantes de su impunidad, le importa un pepino que la gente impugne las decisiones desvergonzadas de su justicia. Están compenetrados con la idea errónea de que pueden hacer lo que les venga en gana con el país. Por eso descaradamente la Fiscalía General, arrojando al cesto de la basura los argumentos de la Corte, pide preclusión para un criminal de siete suelas como Uribe Vélez y compulsa copias contra el senador que lo acusa por pagar testigos falsos a su favor. Esa acusación es apenas la punta del iceberg del gran universo de crímenes del mafioso genocida, que siempre actuó como jefe supremo del paramilitarismo, del despojo violento de tierras, del desplazamiento forzado de campesinos, de los falsos positivos y de la corrupción.

Causan indignación las recientes decisiones judiciales que refrendan el sentimiento popular de que, «la justicia es solo para los de ruana», para los pobres, y que solo opera para garantizar la escandalosa impunidad de intocables delincuentes de cuello blanco.

Envían policías a quemar buses para luego acusar de terroristas y vándalos a las Primeras Líneas y a jóvenes en protesta, pero cuando les descubren la maniobra sucia, mandan a silenciar los medios que habían alborotado. Y no se vuelve a hablar más del patrullero incendiario ni de los vándalos con charreteras y autoridades que ordenaron incinerar el bus.

Frente a la corrupta ministra, Karen Abudinen, cuota de los Char, que acaba de apropiarse en concierto con el consorcio Centros Poblados, de 70 mil millones de pesos del erario, dejando a niños de escuelas rurales sin internet y sin alimentación, la justicia y los órganos de control no dicen ni mu. Y el Duque sale a defenderla y sale con el disparate de que va a contratar una investigación -dizque internacional- para esclarecer qué pasó. Finalmente se inventaron que conminado al consorcio a devolver la plata, la señora puede salirse con la suya, sin persecución judicial, como si nada, y gozando de la más absoluta impunidad. En cambio, a EPA COLOMBIA, por romper, en medio de la protesta nacional, una registradora de Transmilenio y unos vidrios, la condenan a 5 años de cárcel. El magistrado Efraín Adolfo Bermúdez Mora, responsable del castigo desproporcionado a esta mujer, es el mismo que prefirió no votar para facilitar la libertad del ladrón de SALUDCOOP, Carlos Palacino. Condenan a EPA a prisión carcelaria, pero en cambio a sobornadores de jueces como el senador Pulgar y al senador El Ñoño Elías involucrado en el escándalo Odebrecht, les otorgan el beneficio de casa por cárcel. Por otro lado, el esposo de la Azcárate, a quien le incautaron 446 kilos de cocaína, anda libre y tranquilo, como Andrés Escobar, el paramilitar que aparece en imágenes al lado de la policía disparándole a los ciudadanos que protestan contra el gobierno Duque. En Colombia la justicia está podrida.

Por encima de todo esto, la esperanza en una Colombia nueva no está muerta. Tenemos que luchar por un nuevo gobierno de manos limpias y de justicia imparcial, verdaderamente democrático. Nadie les ha escriturado a las oligarquías la función de gobernar a perpetuidad. Los de abajo también tenemos derecho a ser gobierno. Y podemos, porque somos la mayoría. Unidos todos los excluidos bajo una sola bandera podremos establecer en el Palacio de Nariño un gobierno justo, humano, incluyente y garante de la paz.

FARC-EP

Segunda MarquetaliaAgosto 14 de 2021